miércoles, 24 de junio de 2009

Robo de DNI a aborigenes

Denuncian el robo de DNI a aborígenes

miércoles 24 de junio, 3:00 AM www.lanacion.com

Un grupo de aborígenes wichis de Formosa denunció que el intendente de la localidad de Ingeniero Juárez, Cristino Vidal Mendoza, les "quitó el DNI" a unos 2000 aborígenes de ese departamento. "El nos encierra y el día de la elección nos devuelve el documento con el voto y nos acompaña hasta la urna; siempre fue así, ésta es la primera vez que protestamos", dijo a Ercilia Agüero, dirigente de la comunidad y empleada municipal.


La denuncia fue realizada ante la policía, que, por tratarse de un delito federal, la derivó al escuadrón 19 de la Gendarmería. La empobrecida localidad está 480 km al oeste de la capital provincial, cerca del límite con Salta. LA NACION intentó sin éxito comunicarse con el intendente Vidal Mendoza, que responde al gobernador Gildo Insfrán. El comisario inspector Lorenzo Ocampo, jefe de la policía de Juárez, confirmó que se trata de "tres denuncias por supuestas entregas voluntarias de DNI a terceras personas". Según el policía, se trata de 100 documentos, presuntamente entregados a cambio de frazadas y comida.

sábado, 6 de junio de 2009

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA - CRIC
Autoridad Tradicional
Resolución No. 025 del 8 de Julio de 1999 Dirección de Asuntos Indígenas Ministerio del Interior
Calle 1 No.4-50 Tel. 8242153 – 8240343 E mail: cric@emtel.net.co - cric@cric-colombia.org Pagina Web: www.cric–colombia.org
NIT. 817.002.466-1

CONTINÚA EL RIESGO DE DESAPARCIÓN FORZADA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS POR EFECTO DEL CONFLICTO ARMADO Y LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA.

La Consejería Mayor CRIC expresa su preocupación por la grave situación que enfrentan actualmente los Pueblos Indígenas del Cauca y Colombia con respecto a la garantía de los derechos humanos, históricos y constitucionales, como consecuencia de la acción persistente de los actores armados y la implementación de políticas inconsultas del gobierno nacional.
Históricamente se han desarrollado políticas paternalistas, discriminatorias y de exterminio contra los pueblos indígenas, con gran responsabilidad de los gobiernos del proyecto de república que se ha venido construyendo desde el siglo XIX. Dicha actitud se manifiesta con mayor claridad en la llamada política de seguridad democrática que sigue forjando planes de invasión militar (legales o ilegales) en nuestros territorios ancestrales, apoyados por normas dirigidas a favor de proyectos forestales, agroindustriales, viales, hidroeléctricos y de extracción minera provenientes de grupos económicos multinacionales.
Así lo observamos desde hace más de una década y vemos que persiste a pesar de nuestros constantes llamados a la co
nvivencia y a la democracia.

TIERRADENTRO:
Debido a la situación de zozobra e incertidumbre que viven los pobladores del municipio de Páez frente a la amenaza constante del volcán Nevado del Huila, las comunidades decidieron evacuar la zona, sin haber encontrado apoyo institucional para hacerlo, por el contrario, las Autoridades Tradicionales denunciaron, en el primer trimestre de este año, que el ejército copa los sitios dejados por la gente que ha tomado la decisión autónoma de ponerse a salvo. Esta situación se ha tornado más dramática con la circulación de amenazas, firmadas por las águilas negras, sobre los cabildantes de del resguardo de Huila y Vitoncó, municipio de Páez.
Por otra parte se ha denunciado que el 25 de Mayo, se realizaron combates armados en el sector de La Planada, Vereda de La Milagrosa, causando riesgo directo a la vida de los habitantes. De igual forma hay preocupación porque efectivos militares de los batallones Macheteros del Cauca y de alta montaña, acampan y permanecen durante días y hasta semanas en los poblados, instituciones educativas, sitios sagrados, de trabajo y zonas aledañas a las viviendas de los comuneros de la vereda La Milagrosa, sector La Planada, resguardo de Yaquivá, municipio de Inzá. Se afirma que los militares hacen uso indebido del sentido de poder que les otorga su traje para ingresar a las viviendas y forzar favores cuando lo requieren los soldados. Denuncian las autoridades indígenas el comportamiento irregular de varios militares que contaminan el medio ambiente, hacen uso de alucinógenos, consumen bebidas alcohólicas y se relacionan con menores de edad especialmente con mujeres adolescentes.

ZONA OCCIDENTE:
El Gobernador suplente del resguardo Nasa de Honduras, ROBERT DE JESÚS GUACHETA, fue asesinado en la mañana del día 18 de mayo de 2009, cuyo cuerpo fue acompañado por más de 500 personas hasta su última morada, a 4 horas de camino a pie desde el punto de la carretera. Un día después de su sepelio la comunidad se enteró que la comunera de la vereda Valle Nuevo, del mismo resguardo indígena, NILVANY CRUZ ZAMBRANO, había sido asesinada, al parecer por la policía nacional, en un cruce de disparos con actores ilegales. En este mismo acontecimiento resultaron heridos, el joven WILMER CELIMO DIZU y el señor JOSE ARLEY DIZU, comuneros del cabildo Renacer.
Estos acontecimientos se vienen sucediendo desde junio de 2008, cuando José Goyes Santacruz, dirigente y autoridad tradicional del resguardo indígena de Honduras, fue herido por dos impactos de bala al llegar a su casa de habitación, situada en el casco urbano municipal de Morales. Luego, en agosto del mismo año, se conoció la amenazas contra la vida del comunicador Alfredo Campo de la emisora “Nuestra Voz Stereo de Morales y contra el Gobernador de la comunidad, Rolando Tálaga y el cabildante Jorge Ordoñez. Posteriormente fueron amenazados, a través de mensajes de texto por celulares, más de 20 comuneros, entre ellos Robert Guachetá, Libardo Guachetá, Irne Santiago Pajoy, el Consejero mayor del CRIC, Ángel Miro Valencia y el coordinador del programa de salud CRIC, Juan Antonio Velasco. Igualmente contra José Libardo Quintana, Miller Mosquera y Silvio Javier Pillimue, concejales de la ASI. En los meses de abril y mayo del 2009 otras denuncias fueron registradas ante organismos de control del Estado colombiano.

COSTA PACÍFICA:
Sin conocerse respuestas del Estado a la situación de desplazamiento forzado en que viven más de 1800 indígenas del pueblos Eperara Siapidara de la Costa Pacífica caucana desde mediados del año 2008, se ha informado del agravamiento de las circunstancias por efecto de las fumigaciones con glifosato realizadas por la Fuerza Pública colombiana, desde comienzos del mes de mayo 2009, afectando más de 18 personas de San Miguel de Infí, Guangüí y la parte baja de Timbiquí, entre ellas 13 menores de edad. Por otra parte las fumigaciones han ocasionado contaminación de los ríos San Bernardo, San Miguel de Infí y Saija, y la muerte de los peces, base de la dieta alimentaria de este pueblo indígena.
Comunidades y Autoridades indígenas han reclamado constantemente de las instituciones del Estado atención inmediata, exigiendo detener las fumigaciones y una actuación inmediata de la Red Pública de Timbiquí para que preste los servicios de salud de manera urgente y oportuna a las familias que sufren esta nueva tragedia. Requieren además presencia de los organismos de control del Estado para que observen la acción institucional que desconoce los riesgos a que se expone a la población por la no aplicación de medidas de prevención para las comunidades cuando realizar aspersiones aéreas. Se denuncia que el gobierno no atiende la situación humanitaria generada por la presencia de actores armados y, por el contrario, la fuerza pública, del Estado contribuye a generar situaciones de zozobra debido a su actuación al estilo de fuerzas de invasión extranjera.

ZONA NORTE:
El sexto frente de las FARC, mediante pasquín promulgado en la segunda semana de mayo del 2009, amenazó al gobernador indígena, Alveiro Quiguanás y a la directiva del cabildo; entre ellos a EYBAR FERNÁNDEZ, coordinador del proyecto Global; igualmente a RODRIGO DAGUA, coordinador del núcleo de educación; LUÍS ALFREDO ULCUÉ, coordinador de economía; MIGUEL HENRI QUITUMBO, coordinador de la comisión jurídica; GERMÍN GEMBUEL, coordinador de la guardia indígena y ELISEO IPIA, coordinador AGP. En el mismo anuncio se amenazó a concejales y alcaldía municipal exigiéndoles la renuncia a sus cargos en un plazo de ocho días so pena de ser asesinados. Ante el inminente riesgo para la vida humana, comunidades y autoridades indígenas de Jambaló, decidieron rodear solidariamente a sus compañeros y brindarles todo su apoyo colectivo, tomando medidas de control interno como el cierre indefinido de cantinas, billares, guarapearías y la suspensión de fiestas en las veredas y barrios del Resguardo-Municipio de Jambaló hasta una nueva decisión comunitaria.
SAT TAMA KIWE-CALDONO
Con alarma y zozobra, los comuneros de los resguardos de la Laguna, Caldono, Munchique los Tigres y Jambaló, alertan y denuncian la realización de combates armados entre la guerrilla y el ejército que incluyen bombardeos aéreos con los cuales se ha afectado cultivos de pan coger y ocasionado la muerte de ganado y otros animales de propiedad de las comunidades.
De igual manera el gobierno colombiano continúa su política de desalojos a la fuerza de los predios que están en litigio por procesos de Liberación de la Madre Tierra. Así lo denuncian las autoridades tradicionales del resguardo de La Laguna Siberia, con los acontecimientos sucedidos el día 29 de mayo del presente año, donde el esmad, de la policía nacional, utilizó gases lacrimógenos y papas bombas sobre la comunidad Nasa ubicada en el predio Tierra Blanca, vereda Buena Vista, municipio de Caldono.
El terreno en litigio es reclamado desde hace varias décadas por la comunidad Nasa como parte del Territorio Tradicional del resguardo de La Laguna Siberia, pero el ex-alcalde de Caldono, Iván Gerardo Sandoval, se asume en el proceso jurídico como propietario; ante lo cual, los comuneros urgen respuestas efectivas al gobierno nacional sobre el plan de cumplimiento de las mil hectáreas prometidas por el presidente Uribe en diciembre de 2005 para brindar soluciones a estas reclamaciones, ya que dicho compromiso debió haberse hecho efectivo antes del mes de mayo del año 2006 y aún no se conocen acciones para que esta obligación estatal sea adelantada, por el contrario, los ministerios del Interior y de Agricultura se empeñan en crear condiciones de rompimiento de la unidad indígena, como lo han hecho al instigar la compra de predios en territorio nasa para el pueblo Guambiano o con la creación de organizaciones de falsa identidad indígena como la OPIC.

MACIZO COLOMBIANO:
Hay temor y desplazamiento forzado, silencioso, como producto de la instalación de bases permanentes de fuerza pública en el territorio del macizo colombiano, las cuales están aplicando medidas de empadronamiento, realizando fumigaciones en zonas de páramo, contaminando el ambiente y alterando la vida social de la comunidad pues los uniformados no atienden las indicaciones del derecho internacional humanitario, ni respetan la autonomía territorial y de gobierno del pueblo Yanacona, habitante centenario de estas tierras. La zozobra aumenta con la circulación de amenazas firmadas a nombre las águilas negras y con saldos de asesinatos realizados por actores desconocidos superiores a las 15 personas en lo que va corrido del año 2009 en los municipios de Almaguer, la Vega y San Sebastián.

ZONA CENTRO:
El 13 de mayo la Columna móvil Jacobo Arenas, realizó un reten vehicular en la vía Popayán-Huila, a la altura de la vereda Campamento, resguardo indígena de Puracé, cuyo saldo fue la retención y posterior entrega al cabildo indígena del comunero Elmer Manquillo, sindicado de ser informante del ejército y la quemas de dos buses de las empresas Cootrans-Huila y Comotoristas del Cauca. Se tiene información sobre la amenaza de 6 comuneros del resguardo indígena de Puracé, sin que se conozca el origen de los victimarios.

ZONA ORIENTE:
El ejército colombiano ha sindicado a la guardia indígena del resguardo de Totoró de entorpecer las labores militares institucionales, mientras la guerrilla de las FARC la señala de ser cómplice de la fuerza pública. Uno de los motivos de este señalamiento se debe a que el cabildo ha definido realizar acciones de control territorial, lo cual estaba haciendo el 18 de mayo de 2009, momento en coincidencialmente el grupo armado realizaba hostigamientos contra el casco urbano municipal. Esta situación ha colocado en alto riesgo a los integrantes de la guardia como a la comunidad indígena en general.

Popayán, 3 de junio de 2009.

CONSEJERIA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA –CRIC